En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, Colombia lideró el evento titulado: “La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción a los 20: Unir al mundo contra la corrupción”.

En dicho evento, las autoridades colombianas adelantaron acciones concretas desde la cartera de Transparencia y Compra Eficiente para combatir la corrupción y recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Esto, tras el anuncio del Ministerio de Transporte de medidas por denuncias de corrupción en la Aerocivil, que involucrarían presuntas omisiones y vinculaciones de funcionarios públicos con actividades ligadas al tráfico de drogas, además del cobro de coimas millonarias para la expedición de licencias de pilotos, estafas y hasta nóminas fantasmas, implicando la posible participación de directivos, contratistas, controladores aéreos, trabajadores y bomberos. Lo más sorprendente es que, en medio del escándalo, Aerocivil participaba en licitación cuyo objetivo es prestar los servicios de vigilancia y seguridad para las instalaciones y aeropuertos administrados por la Aerocivil. Cabe recalcar que las denuncias, aseguró el sindicato, se conocían desde el 2020.

Durante el evento del pasado lunes 9 de diciembre, en las intervenciones realizadas por representantes de la OECD y Open Contracting Partnership, junto a los demás invitados, se enfatizó la necesidad de llevar a cabo medidas contra la corrupción en procesos que involucran al estado y sector privado, apoyándose en el uso de herramientas digitales para asegurar la transparencia, pilar sobre el que se debe construir para proteger los derechos humanos y desarrollar una relación saludable entre sector privado y la sociedad civil.

La conclusión de las autoridades colombianas sobre el arduo trabajo que hay por delante va en línea con el insuficiente pero constante desempeño que muestra el país desde el año 2011 al 2021 en el Índice de Transparencia Internacional, el cual analiza la percepción de la corrupción en el sector público. Colombia se ha mantenido entre 36 y 39 puntos de 100 durante la última década, nótese que, en dicha escala, 100 marca la ausencia de corrupción.

También, la tesis del Gobierno se comprueba en el balance entregado por la fiscalía el miércoles 21 de diciembre, ya que muestra las más de 200 condenas por corrupción dictadas por la justicia colombiana en 2022 y los 796 procesos en la misma materia que se encuentran en etapa de juicio abierto. Los delitos contemplados incluyen peculado, prevaricato y cohecho.

La solución que ha encontrado el sector privado para mantenerse atractivo y confiable ante los ojos de los inversores, el público y las instituciones estatales que actúan de buena fe es implementar el Gobierno Corporativo.

Este conjunto de prácticas que se enfoca en mejorar la participación, la trasparencia y la comunicación entre los órganos que conforman el Gobierno Corporativo: Junta Directiva, Junta de Accionistas y Comités. Es decir, activa mecanismos que permiten prevenir, detectar, bloquear y denunciar actos de corrupción dentro de la empresa como entre la misma y un externo.